Las resoluciones del Tribunal de Disciplina del partido Justicialista que definió las expulsiones ya estaban siendo notificadas durante el fin de semana. La medida, adoptada pone una nota distintiva al año electoral y a la campaña que encabeza Carlos Soria, quien en El Bolsón ya había anticipado que “tengo límites” ante la consulta de Ruta 40 si pensaba incorporar a los referentes sindicales de la zona andina a su entramado político.
Los echados del movimiento fundado por Juan Perón son el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, su hermano Álvaro, los dos hermanos Cortés -Wálter y Nelson- y el dirigente y ex concejal de Villa Regina, Daniel Menegón.
“Todos son responsables de graves inconductas partidarias”, fue el argumento generalizado tras el análisis pormenorizado de las denuncias que partieron de unidades básicas de las distintas localidades y del bloque de legisladores del PJ, en el caso del legislador Nelson Daniel Cortés.
Al parlamentario de El Bolsón se lo acusó “por desobediencia partidaria”. Traducido: “No acompañó las políticas parlamentarias del bloque justicialista, además de su permanente colaboración con el partido gobernante”, según detallaron.
Por su lado, Wálter Cortés sería responsable “de inconductas partidarias” en San Carlos Bariloche, donde es el principal referente del sindicato de Empleados de Comercio. “Su accionar político y sus manifestaciones públicas en contra de las decisiones del partido del que era afiliado”, suman causas para sacarlo del padrón, a criterio de la unidad básica local.
En el caso de Diego Larreguy, con vasta historia peronista familiar, lo acusan “por su accionar como concejal en Roca, luego su candidatura a primer concejal en esa ciudad por la Concertación liderada por la UCR y, posteriormente, su asunción en la cartera política en el gobierno provincial”. Tambien hubo castigo para su hermano Álvaro, actual funcionario en el mismo ministerio. Otro que cayó de las filas justicialistas es Daniel Menegón, a quien se juzgó por su actividad como concejal en Villa Regina.
Durante 2010 ya hubo medidas similares contra Alcides Pinazo, actual presidente del Ipross; el secretario de Trabajo, Ricardo Ledo, y la titular del Patronato de Presos y Liberados, Miriam Saigg, entre otros.
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